RU-486: hacia el aborto libre

A propuesta del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, los distintos representantes de los partidos políticos, por unanimidad, han dado luz verde a una proposición no de ley, que insta a comenzar los trámites parlamentarios, de cara a la legalización de la píldora abortiva RU-486. La proposición aprobada matiza que para el uso de la píldora deberán de cumplirse tres condiciones: ser dispensada sólo en los hospitales, utilizarla de acuerdo con los tres supuestos de despenalización del aborto aceptados en la legislación española, y contar con un informe previo de las autoridades científicas sobre las consecuencias que se podrían derivar en la salud de los pacientes.

En apariencia, estamos ante una propuesta que se limita a ofrecer una técnica más para la práctica del aborto, dentro de los tres supuestos reconocidos por la ley. Por el contrario, la experiencia acumulada nos permite afirmar que la legalización de la píldora abortiva sería un paso decisivo hacia la liberalización plena del aborto.

Dejando a un lado el debate sobre la licitud moral de los tres supuestos de despenalización del aborto aprobados en España, vayamos a los datos para demostrar que no basta legislar, sino que hay que controlar lo legislado. En España se practican anualmente cerca de 50.000 abortos. De los cuales, sólo un 0'1% alegan el supuesto de violación. El 1'6% se acogen al supuesto de peligro para la salud física de la embarazada. El 1'1 % lo hacen por malformaciones del feto. Y el resto, es decir, ni más ni menos que el 97%, buscan amparo legal en el supuesto de "peligro para la salud psicológica de la madre". Se trata de un eufemismo que está avalando el aborto libre encubierto. No es casual que el 96% de los abortos legales realizados en España se lleven a efecto en clínicas abortistas privadas.

Pero vayamos ahora a la actual situación política española. El PP, a pesar de las presiones de gran parte de su electorado y de las asociaciones en defensa de la Vida, no incluyó en su programa electoral la derogación de los tres supuestos de despenalización del aborto, actualmente vigentes. Por contra, asumió el compromiso de hacer cumplir estrictamente los tres supuestos -violación, malformaciones y peligro para la madre-. Después del tiempo trascurrido en el gobierno, nuestra sorpresa es que, no únicamente no se ha hecho nada para acabar con los abusos interpretativos de una ley despenalizadora, que ya de por sí es un coladero, sino que ahora, se da vía libre al posible uso de la píldora abortiva.

Ahora bien, ¿pueden ser tan ingenuos para no darse cuenta de que el uso de la píldora abortiva va a agravar, todavía más, el descontrol en la aplicación de los tres supuestos actuales?. ¿Quién va a controlar la distribución y administración de los fármacos abortivos? ¿Se inspeccionará la fabricación y comercialización de la RU-486, con el mismo rigor con el que se supervisa la fabricación, almacenamiento y distribución en la industria bélica?. No nos engañemos, una vez legalizada la pastilla abortiva, el control es improbable, por no decir imposible. En consecuencia, no cabe limitarse a legislar sobre el papel, sino que los legisladores tienen la obligación de calibrar el efecto que sus disposiciones van a producir, a la hora de ser aplicadas.

Añadamos a esto las reacciones contrarias que se han producido entre la clase médica, una vez conocida la noticia. El doctor Julián Herranz, experto consultado por el Consejo Pontificio para la Familia, ha recordado que «la RU-486 necesita tanto o más apoyo médico que el aborto quirúrgico». Aunque, en opinión del doctor, favorece la privacidad y el secreto de la mujer, también «la condena a la soledad», ya que, «no hay aborto sin trauma». No estará de menos recordar que esta píldora no está permitida más que en tres países, por motivo de los efectos secundarios que puede provocar: principalmente hemorragias que en ocasiones han de ser atajadas con una intervención quirúrgica para eliminar residuos de la gestación. La Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña ha destacado el contrasentido que supone que se esté hablando de reducir fármacos pagados por la Seguridad Social, y se pretenda incluir la RU-486 entre los subvencionados.

Lo increíble de esta aprobación inicial de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, ha sido el voto favorable del PP y del PNV. Las explicaciones dadas a su voto afirmativo nos parecen inaceptables: El hecho de que en los hospitales de la Comunidad Autónoma se esté ya dispensando esta pastilla -razón esgrimida por el PNV- lejos de justificar su aprobación, responsabiliza más a OSAKIDETZA, por haber permitido su distribución clandestina. El argumento esgrimido por el PP, en el sentido de que prefirieron introducir cautelas a la Proposición no de Ley, y votar a favor "para no quedarse solos", tampoco es de recibo. ¿En qué ha quedado el ideario demócrata cristiano de estos partidos políticos?. Si persistiesen en mantener su voto afirmativo en los próximos trámites parlamentarios, no sólo se estarían poniendo por montera los principios ideológicos en los que dicen sustentarse, sino que estarían dando la espalda a una parte muy importante de su electorado. Luego, que cada uno saque sus conclusiones.

José Ignacio Munilla Aguirre