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Transcurridos 30 días de la validez de la Ley de Acceso a la Información Pública, los informes acerca de la efectividad de dicha normativa indican con claridad lo que era de esperarse: aún no ha tenido efectos reales, porque tanto los ciudadanos como las autoridades no se han decidido a solicitarla y a otorgarla.

No sorprende que sean las municipalidades y las instituciones de Gobierno que salen peor calificadas en términos de la transparencia, porque la relación tan directa de los ciudadanos con las autoridades ediles, sobre todo en las poblaciones de tamaño mediano y pequeño, hace que contra la ley mencionada conspiren aspectos como las relaciones familiares, de amistad o de participación política, entre otros.

El caso de la municipalidad capitalina es muy claro en ese sentido. A consecuencia de la forma de pensar de sus autoridades, reflejada en la cantidad de fideicomisos, figuras legales que permiten la realización de acciones fuera del ámbito de acción de la ley hoy comentada. Igual resultado tienen acciones como la del traslado de la unidad de información a la zona 13. El criterio ciudadano y la lógica más simple indican que solicitar cualquier tipo de información de todas las actividades, decisiones y gastos es un derecho cívico.

Una de las razones por las que la corrupción ha llegado a los niveles que tiene ahora en todo el país y en casi todas las actividades gubernativas es precisamente la secretividad con la que ha sido manejada la información desde hace muchos años.

Pero el Gobierno central tampoco escapa a este problema. La ley acaba de ser puesta en práctica, pero no por ello los ministerios, entidades autónomas y semiautónomas y demás instituciones que reciben dinero del erario se están distinguiendo por la celeridad y eficiencia con la que informan. Todo esto causa decepción en muchos ciudadanos y, al mismo tiempo, desconfianza tanto fuera como dentro de nuestras fronteras en cuanto a realizar las tan necesarias inversiones en el país, que dependen en mucho de información correcta y sobre todo actualizada.

En este momento, la atención popular se ha centrado en la ley de comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia. Ya afloraron las acciones de los politiqueros para ponerle trabas, y ello permite predecir que el simple hecho de aprobarla no significa que se puedan lograr sus fines, imprescindibles para que el sistema jurídico nacional comience a borrar el lamentable estado actual de desprestigio que sufre a todos los niveles.

Los casos señalados hoy afianzan el concepto de que un sistema democrático depende, para sobrevivir, de factores como la constante vigilancia. Esta es imposible de realizar si la información se mantiene escondida o se presenta con cuentagotas. La crisis actual de Guatemala debe ser confrontada en muchos campos, y uno de ellos es la transparencia. Ya no se puede continuar actuando de manera irresponsable, porque seguirlo haciendo coloca al país a un paso de la petición popular de gobiernos totalitarios.