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México. A pesar de los votos de transparencia que ha hecho el presidente Barack Obama, su gobierno puede mantener en secreto documentos relacionados con desapariciones y asesinatos ocurridos en Guatemala durante la represión oficial de los años de 1970-1980.

Así lo confirmó la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en resolución fechada el 8 de mayo último y a la cual Prensa Libre tuvo acceso.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) retuvieron parte o toda de la información solicitada, con dos exenciones contenidas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

Las solicitudes tratan de registros sobre un accidente aéreo en 1976, el secuestro y desaparición de una familia en 1981 y el asesinato en 1983 del padre de una de las peticionarias.

Las exenciones argumentadas por las agencias gubernamentales protegen la seguridad nacional estadounidense o los secretos de la política exterior, y cubren registros “específicamente exentos de entrega” determinada por normas estatutarias.

Esas agencias pueden también negarse a confirmar o rechazar la existencia de ciertos documentos.

La Corte del Distrito de Columbia consideró, en su resolución del 10 de agosto del 2005, exentos los registros, y la Corte de Apelaciones, con sede en Washington, apoyó ese fallo.

Esta decisión judicial es un capítulo más de la larga lucha legal de las víctimas y sus familiares, quienes empezaron a demandar información a las agencias gubernamentales en 1996 y 1997.

Historias rotas

La demandante Meredith Larson entregó una petición a la NSA, en busca de documentos relacionados con un violento ataque que sufrió en Guatemala, en 1989, la organización para la cual trabajó, y sus subsiguientes reuniones con funcionarios guatemaltecos y estadounidenses. En respuesta, esa agencia le dio cuatro documentos completos y ocho parciales, acorde con las exenciones de la FOIA.

Larson, quien trabajaba para las Brigadas de Paz Internacionales, fue apuñalada junto a dos de sus colegas por dos desconocidos, el 20 de diciembre de 1989. En mayo de ese año, miembros de las Brigadas habían recibido amenazas de muerte y su sede fue objeto de un ataque con granada el 15 de agosto de ese año.

El 20 de noviembre de 1976, el avión pilotado por el sacerdote maryknoll William Woods se fue a tierra, matando a los otros cuatro ocupantes. Antes del accidente, funcionarios de la Embajada de EE. UU. le advirtieron de que su vida estaba en peligro.

La acusadora Patricia Kerndt solicitó documentos de la NSA sobre la caída del avión y el fallecimiento de su hermana Ann, una de las pasajeras. La agencia halló un archivo, el cual decidió mantener bajo resguardo. La NSA informó a Kerndt que, aunque el documento indicaba que una aeronave se había estrellado, no contenía ningún dato sobre los pasajeros, la causa del percance, quién pudo ser el responsable de éste o cualquier acción gubernamental.

Ann Kerndt era una agrónoma que trabajaba de voluntaria para la fundación Direct Relief.

La acusadora Adriana Portillo Bartow pidió a la NSA y a la CIA documentos sobre el secuestro y desaparición de su familia en 1981. El 11 de septiembre de ese año, ocho hombres armados, con ropas de civil, plagiaron a Adrián Portillo Alcántara. Ese mismo día, varios hombres armados penetraron en su casa, donde se encontraban la esposa de Portillo Alcántara, su hija de 18 meses, una de sus cuñadas y sus dos nietas, hijas de Adriana Portillo Bartow.

La CIA encontró cuatro documentos, ninguno de los cuales menciona a miembros de su familia, y los retuvo. La NSA indicó que no podía confirmar o negar la existencia de registros al respecto.